El juez del caso Koldo estudia la imputación de la expresidenta de Adif tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye parte del caso Koldo, ya tiene sobre la mesa todos los elementos para decidir si la que fuera presidenta de Adif durante el mandato en Transportes de José Luis Ábalos, Isabel Pardo de Vera, tiene que pasar de testigo en la causa a ser investigada, tras solicitarlo formalmente la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes del ministerio público han señalado a EL PERIÓDICO que la petición se realizó la semana pasada al considerar que el auto del Tribunal Supremo en relación con la contratación para empresa pública de infraestructuras ferroviarias de la que fuera pareja del exministro Jésica Rodríguez "ya lo dejaba muy claro".

El magistrado del alto tribunal Leopoldo Puente, que investiga la parte de la trama en la que puede existir responsabilidad penal de Ábalos --aforado dada su condición de diputado en el Congreso-- aprecia indicios de delito en su actuación por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde la joven fue fichada para realizar determinados encargos para Adif. En esta última compañía Rodríguez fue adscrita además a la Presidencia que ocupaba entonces Pardo de Vera.

A juicio del instructor del Supremo, la responsable entonces de ADIF habría podido tener una relevante participación contratación por sendas empresas públicas "de una persona escogida libérrimamente por el señor Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa (Koldo) García, sin que, además, aquélla, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".

Compra de mascarillas

Igualmente, Moreno analiza terminada documentación sobre la resolución de un contrato que Adif llegó a firmar con una empresa diferente a la de la trama investigada--Innjoo Technologies-- para la compra de mascarillas en pandemia, unas adjudicaciones que determinaron la apertura de este procedimiento penal.

Innjoo fue la empresa inicialmente elegida para la compra de mascarillas que debía realizar por el de infraestructuras ferroviarias al inicio de la pandemia, si bien finalmente el contrato tuvo que ser resuelto tras solicitarse información extra del precio de los EPI y de los plazos de entrega. El concurso para la compra de mascarillas que se encargó esta empresa pública se lo terminó llevando Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, por 12,5 millones de euros.

Moreno también tiene sobre la mesa, tras ser obligado por la Sala de apelación de la Audiencia Nacional, las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de istración de ADIF de 31 de marzo de 2020 y de 28 de abril de 2020, en todo lo relativo a las declaraciones de emergencia relacionadas con esta empresa que finalmente no resultó adjudicataria y las del Comité de Contratación de 21 de abril de 2020 "en todo lo relativo a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.", la empresa vinculada a la trama presuntamente corrupta que anidó en Transportes durante el mandato de Ábalos.