Una instrucción de la dana sobre bases firmes y claras

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja centraliza desde el pasado 31 de enero la investigación de la mortal riada del 29 de octubre de 2024. En algo más de tres meses se ha convertido en una de las piezas clave de este episodio histórico y su titular, Nuria Ruiz Tobarra, ha adquirido un protagonismo notable sin abandonar un perfil de discreción desde el primer momento. A la jueza se le conoce por los autos y providencias dictados, pero no por imágenes o declaraciones públicas. Después de tres meses, se pueden extraer algunas primeras conclusiones de la instrucción. En primer lugar, está siendo conducida con una agilidad que no ha existido en otras causas complejas, como la actual, que implica 228 víctimas mortales. La transparencia es otra de las características demostradas, ya que las distintas resoluciones judiciales son comunicadas por los cauces oficiales sin demora, evitando filtraciones y posibles manejos extraños. Como contrapartida, la profusión de información puede dar pie a interpretaciones diversas enfrentadas en algún momento. En cuarto lugar, destaca la sensibilidad del equipo del juzgado de Catarroja con las víctimas, según estas mismas han valorado tras sus declaraciones.

La instrucción se define hasta la fecha por la claridad y firmeza de las actuaciones y pronunciamientos, gusten más o menos a las partes implicadas. Así, a partir de los testimonios de las víctimas, el foco de la investigación ha estado en todo momento en la responsabilidad del mensaje masivo de alerta enviado a la ciudadanía de forma “tardía” (20.11) y “errado” en su contenido, partiendo de la premisa, argumentada por la jueza, de que “los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”. La instrucción ha dado pie así a la imputación de la consellera responsable de Emergencias en el momento de la tragedia, Salomé Pradas, y el número dos del departamento, Emilio Argüeso. Las numerosas resoluciones han sido contundenten sobre la competencia autonómica en la gestión de la emergencia, han rechazado las peticiones de investigación a la delegada del Gobierno y los responsables de agencias estatales y han aquilatado la batalla de relatos políticos. De la misma manera, la magistrada se ha mantenido en el marco dispuesto por la Fiscalía y el TSJ sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuya investigación descartaron mientras un juzgado ordinario no haya analizado los hechos sucedidos el 29 de octubre y eleve, si así lo considera, una exposición razonada al alto tribunal valenciano. Así, las peticiones de algunas acusaciones para intentar aclarar lo que hizo Mazón aquel día han sido rechazadas por la jueza una tras otra.

Después de tres meses de trabajo constante, la instrucción se desarrolla con solvencia y sobre pilares sólidos y firmes. Y sobre esos cimientos debe continuar. La consigna de dejar actuar a la justicia ha de ser tan válida hoy como el primer día. En este caso y en cualquiera, satisfagan más o menos los pronunciamientos judiciales. Todo ello siempre con la libertad para opinar que es valor fundamental de todo estado democrático. Los intentos de injerencia y las maniobras destinadas a explorar motivos para una hipotética recusación o invalidación de las diligencias, que no son una novedad en este tipo de grandes causas envueltas de atención social y mediática, ni deben alterar el sentido del trabajo emprendido ni pueden convertirse en un elemento de intoxicación que entorpezca su normal desarrollo.