Por qué elimina Tavernes la tasa para la inspección de las obras municipales
El ayuntamiento deroga el pago que asumen las empresas por la inspección de los técnicos para comprobar que los trabajos se ajustan al proyecto nEl consistorio ingresa un 4,5% del coste del proyecto

La piscina cubierta de Tavernes, una de las primeras obras que se beneficiará de la medida
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna quiere poner fin a una práctica que eleva los costes para aquellas empresas que concurren a contratos de obra pública municipal en la localidad.Si las previsiones se cumplen, el pleno que se celebra el próximo lunes, a partir de las 19 horas, aprobará la derogación de la ordenanza fiscal que regula la tasa mediante la cual se cubren los trabajos facultativos de dirección, inspección y liquidación de obras municipales por parte de los técnicos del ayuntamiento.
Se trata de una cantidad que la empresa adjudicataria abona al ayuntamiento cuando finaliza una obra y sirve para sufragar la inspección que los técnicos municipales llevan a cabo durante el desarrollo de los trabajos y también al final para comprobar que se han ajustado a lo que establece el proyecto.
La normativa fue aprobada en el año 1991 y sigue en vigor a pesar de que en muchos municipios no existe este pago. Según apunta el documento, las mercantiles deben abonar al ayuntamiento un 4,5% por los trabajos de dirección e inspección de obra.
Eso significa que, por ejemplo, en un proyecto de 640.000 euros como el que se ha desarrollado para la reforma integral de la calle Nou implica un pago para la empresa de 28.800 euros. Además, por los trabajos de liquidación de obra los pagos oscilan entre los 4,5 y los 0,5 por mil dependiendo de la cantidad del presupuesto de ejecución de la obra.
Las empresas hace tiempo que vienen reclamando que se acabe con esa práctica, que incrementa de forma importante los costes que tienen a la hora de ejecutar una obra adjudicada.
La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, que también es responsable de Hacienda, ha explicado que fueron los técnicos del departamento quienes sugirieron derogar esa tasa y que, tras varias reuniones «se llegó a la conclusión de que era lo que debíamos hacer».
Es cierto que el consistorio dejará de ingresar dinero con la eliminación de este impuesto pero lo cierto es que, probablemente, ese coste es inferior a los problemas que le puede generar a la istración que se paralice una obra pública. En 2024 el ayuntamiento recaudó alrededor de 100.000 euros, pero esa cantidad fluctúa dependiendo de las obras que la istración gestione cada año.
El proyecto de la piscina
El hecho de que el Gobierno local lleve esta propuesta al pleno de este mes de junio no es casualidad. Se espera que en semanas próximas saldrán a licitación las obras para la finalización de la piscina cubierta y la propia alcaldesa reconoce que «no queremos que haya problemas en ninguno de los lotes». Y es que, con lo que ha costado llegar hasta ese punto desde el Ejecutivo local, teniendo en cuenta de que se trata de una obra de más de dos millones, no quieren encontrarse con que, en un momento dado, la empresa paralice las obras y pasen meses, si no años, hasta que se retomen.
Con carácter general, se viene advirtiendo el difícil contexto que vive la obra pública, donde se observa el incremento de la paralización y abandono de obras públicas, producidas por la quiebra de varias empresas constructoras, debido en gran medida por el alza de los materiales de construcción», según apunta el escrito que debatirán los concejales y las concejalas en el pleno del próximo lunes. La alcaldesa asegura que «las empresas se ven ahogadas por la subida progresiva del precio de los materiales y también les afecta el contexto internacional o el alza del precio del petróleo». Romero consideraba necesario derogar esta tasa «ante el incremento del abandono de obras».
Con la derogación de esta tasa es el ayuntamiento el que asume el coste de estas labores que, en todo caso, llevan a cabo los técnicos municipales como parte de su trabajo diario .
Además de este punto, el pleno también debatirá, y probablemente aprobará, la derogación de una tasa que se aplicaba a proyectos de planeamiento urbanístico. Fue aprobada en abril del 1996 pero nunca llegó a aplicarse por que una sentencia la anuló en el año 2012. Su eliminación, por tanto, es un trámite que no tendrá ningún efecto práctico.n
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